El Patrocinio Legal aparece en el desarrollo de diversas culturas como la persa, la babilonia y la egipcia de quienes se conoce que conformaban con treinta varones un juzgado ante el cual se ejercía el patrocinio de la causa legal propuestos por las partes en conflicto, de ese modo, planteaban sus alegaciones por medio de un sabio que pretendía persuadir al Juez. En lo particular, el patrocinio legal de aquellos días estuvo negado para los esclavos, mientras que, para otros casos encontramos que en la cultura griega resaltó el patrocinio legal ejercido por Pericles quien fue reconocido por usar la elocuencia en el ejercicio de la abogacía, tal como lo documenta el maestro Loyola, 2013, pág. 136
En lo especial, los griegos respecto del patrocinio legal se destacaron por establecer requisitos para el ejercicio a través de la normativa de Dracón y Solón, requisitos que en su momento se resumieron en acreditar la condición de ser libre, guardar el debido respeto a sus padres, haber defendido a la patria, aceptar un cargo público, administrar correctamente los bienes propios y familiares y cumplir con las buenas costumbres del comercio. La relevancia del patrocinio legal es tal que encomendaba esta actividad a personas con amplio conocimiento en oratoria ya que ellos podían causar gran impresión en el areópago que es el nombre que se usó para referirse al lugar donde se reunían los magistrados del tribunal para resolver en derecho los conflictos que se presentaban entre los pobladores.
En cuanto al imperio Romano, ellos crearon la institución de los patres o patronos, organización dedicada a prestar la defensa gratuita a favor de su cliente; a la vez que, Justiniano hacía notar como necesario cinco años de preparación en derecho para poder ejercer el patrocinio legal. Con el tiempo estos criterios pasaron a formar parte de la Ley de las XII Tablas en la que solo los patricios podían ejercer el patrocinio legal, situación que se mantuvo hasta que el emperador Alejandro estableció que el patrocinio legal solo puede ser ejercido por un hombre letrado en la materia del derecho.
España incorporó el patrocinio legal en el siglo XIII con la llegada de Alfonso “el sabio” ya que hasta entonces se realizaban juicios simples en donde se aplicaban leyes concisas sumado a la afirmación de que nadie puede excusarse a causa del desconocimiento de la ley.
Es con la creación de las Siete Partidas que se reconoce y regula como un oficio público el patrocinio legal, situación que se traslada hasta América en consecuencia de las conquistas. Y lo que, posteriormente se recoge en la Ley de Indias estableciendo como requisito para ejercer el patrocinio el ser examinado por un Consejo para que este certifique que la persona ha estudiado y adquirido conocimiento sobre el derecho y tome juramento de que no intervendrá en causas injustas.
Actualmente, el patrocinio legal se justifica en la necesaria intervención del abogado para alcanzar la justicia frente a los preceptos legales dificultosos y oscuros, los cuales impiden a quienes no son abogados defenderse por sí mismos con el solo buen sentido y la buena fe.
El patrocinio legal se basa en identificar con responsabilidad cual es la mejor solución para el caso particular que le ha sido confiado, y en función de ello, suministrar las gestiones adecuadas a la tramitación de los idóneos medios que permitan alcanzar una solución en favor de su patrocinado; para esto, el profesional debe inteligenciarse a profundidad sobre los detalles y el trasfondo de la situación que es objeto de la prestación; sobre lo cual, debe comprometer criterio en el momento oportuno en atención a los intereses del contratante; además, resulta propio que el patrocinio legal informe al patrocinado sobre los riesgos implícitos en la prosecución de la controversia, atendiendo a que la información conocida sobre el caso debe tratarla de modo confidencial y sobre ella está impedido de pactar algún acuerdo en secreto con la parte contraria.
El patrocinio legal se desarrolla dentro del marco de la confianza y la buena fe contractual, en virtud de ello, se inicia aconsejando al patrocinado sobre la forma eficiente de dirigir sus asuntos legales, del mismo modo, asesorarle con honradez sobre los alcances y las seguridades indispensables para la correcta instrumentación de los acuerdos útiles para evitar el pleito con la contra parte afectada, o de ser el caso, inducir a la mitigación de daños mediante la conciliación amistosa de intereses contrapuestos; no obstante, cuando la conciliación es inalcanzable, solo entonces, hay que iniciar las acciones necesarias para defender los intereses del representado delante del juzgado.
El buen desempeño del patrocinio legal está en relación directa con asumir responsablemente la formación a través de capacitaciones sobre temas que son lo propio de las intervenciones, a más de ello, intervenir en causas vinculadas al interés público para de ese modo contribuir en el mejoramiento de la profesión y la identificación de las deficiencias en el sistema legal y judicial.
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